PARA 5º AÑO "A" Y "B" DEL ÁREA DE F.C.CÍVICA INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LAS CONCLUSIONES FINALES DE LA CVR

RECUERDEN SEÑORITAS DE 5º QUE ESTA INFORMACIÓN ES PARA IMPRIMIR

INFOGRAFIAS SOBRE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y LA CVR

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LA CVR

Resumen del Informe Final CVR

INTRODUCCIÓN
- La violencia que asoló el Perú entre los años 1980 y 2000 ha dejado cerca de 70 mil víctimas mortales, enlutando a miles de familias. El terror desatado por Sendero Luminoso y el MRTA, y la respuesta (a menudo excesiva) del Estado dejaron secuelas de dolor y muerte en nuestras poblaciones.

CONCLUSIONES GENERALES DEL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (Resumen no oficial)
- Como resultado de sus investigaciones sobre el proceso de violencia de origen político que se vivió en el Perú entre los años 1980 y 2000, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha llegado a las siguientes conclusiones:
- El conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República.
- La cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 192 años de vida independiente.
- En el departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40% de muertos y desaparecidos. Al sumar a ellas las víctimas en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85% de las víctimas.
- La población campesina fue la principal víctima de la violencia. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79% vivía en zonas rurales y el 56% se ocupaba en actividades agropecuarias. El 75% de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.
- Si la tasa de víctimas reportadas a la CVR respecto de la población de Ayacucho hubiera sido similar en todo el país, la violencia hubiera ocasionado 1 millón 200 mil muertos y desaparecidos. De esa cantidad, 340 mil hubieran ocurrido en la ciudad de Lima.
- Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Fue responsable del 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR.
- Sendero Luminoso desdeñaba el valor de la vida y negaba los derechos humanos. De allí su falta absoluta de respeto por la persona humana y por el derecho a la vida, incluyendo la de sus militantes. Lima y otras ciudades sufrieron sabotajes, asesinatos selectivos, paros armados y actos terroristas, especialmente bajo la modalidad de coches-bomba.
- En 1984, el MRTA inició a su vez una lucha armada contra el Estado. El MRTA incurrió también en acciones criminales, asesinatos, toma de rehenes y la práctica sistemática del secuestro.
- La Comisión de la Verdad reconoce la esforzada y sacrificada labor que los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos efectivos que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber.
- En ciertos lugares y momentos del conflicto, la actuación de miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes contra la humanidad.
- Las violaciones más graves a los derechos humanos por parte de policías y militares fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre estos, la CVR condena particularmente la práctica extendida de violencia sexual contra la mujer.
- A partir de 1985 las fuerzas policiales llegaron a tener un conocimiento más acertado de la organización y formas de acción de los grupos subversivos. El trabajo de inteligencia operativa de la DINCOTE logró las impecables capturas de Víctor Polay el 9 de junio de 1992 y de Abimael Guzmán el 12 de septiembre del
mismo año. Estas capturas constituyeron un aporte fundamental para conseguir la derrota de la subversión y el terrorismo.
- Sin embargo, la ética, el prestigio e incluso el bienestar y la eficiencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas quedaron seriamente mellados por una cúpula que unió su suerte al gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

- El gobierno de Acción Popular toleró violaciones de derechos humanos, haciendo caso omiso de las numerosas denuncias por diversas fuentes gubernamentales y de la sociedad civil. Tal es el caso de matanzas como las de Putis, Pucayacu, Cabitos, entre las más notorias.

- Asimismo, durante ese período de gravísima violencia, el parlamento con mayoría gobiernista no nombró ninguna comisión investigadora. La única comisión fue nombrada por el Ejecutivo para investigar la matanza de ocho periodistas en la comunidad de Uchuraccay.

- La CVR encuentra responsabilidad política en el gobierno de Acción Popular por su tolerancia con las violaciones de derechos humanos cometidas por parte del Estado.

- Al asumir el doctor Alan García Pérez el gobierno en julio de 1985, impulsó una serie de políticas sociales para reorientar la estrategia contrasubversiva en marcha, pero la "masacre de los penales" ocurrida los días 18 y 19 de junio de 1986 en los centros penitenciarios de Lurigancho y El Frontón marcó un punto de quiebre.

- Una serie de sucesos, como la aparición del Comando Rodrigo Franco, el enfrentamiento en Molinos, el ataque de Sendero Luminoso al puesto policial de Uchiza, la vacancia de cargos municipales en 1989 y el escape de los emerretistas del penal Castro Castro en 1990, entre otros, potenciaron la imagen de desgobierno y caos en el país. La CVR encuentra grave responsabilidad política en el gobierno del APRA en relación con estos casos.

- Las elecciones presidenciales de 1990 se produjeron en medio de una crisis generalizada y del incremento de la acción subversiva. El desprestigio de los partidos y la pérdida de confianza en las organizaciones políticas facilitaron el triunfo de un independiente, el ingeniero Alberto Fujimori.

- Vinculado al asesor presidencial Vladimiro Montesinos actuó un escuadrón de la muerte denominado "Colina", responsable de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres con crueldad y ensañamiento.

- La CVR posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por "Colina".

- Las capturas de los líderes máximos de Sendero Luminoso y el MRTA no fueron usadas por el gobierno para acelerar la derrota de la subversión sino para obtener réditos electorales. En los últimos años del gobierno de Fujimori el conflicto armado interno fue manipulado con la finalidad de hacer que el régimen permaneciera en el poder.

- El conflicto resultó en la masiva destrucción de la infraestructura productiva y pérdida de capital social y oportunidades económicas. No es casualidad que los departamentos más afectados por el conflicto (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco) se encuentren entre los más pobres del país.

- Toda una generación de niños y jóvenes ha visto truncada o empobrecida su formación escolar y universitaria como resultado del conflicto.

- El primer paso para superar estas secuelas es que el país conozca en toda su magnitud las dimensiones del horror vivido entre 1980 y 2000.

- La violencia, con todo su rigor, no fue capaz de destruir la capacidad de respuesta de la población. Pese a las duras condiciones, hubo personas y poblaciones que resistieron y se esforzaron por la afirmación de una sociedad constructora de la paz y del derecho.

- En numerosas ocasiones, las mujeres asumieron nuevas responsabilidades y lanzaron al país el reto moral de reconocer la pérdida de miles de sus hijos en masacres y desapariciones.

- Resulta indispensable reparar, en la medida de lo posible, los gravísimos daños que se han ocasionado. Al ser las víctimas del conflicto en su abrumadora mayoría campesinos, pobres, indígenas, tradicionalmente discriminados y excluidos son ellos los que deben recibir atención preferente por parte del Estado.

- Ningún camino hacia la reconciliación será transitable si no va acompañado de un ejercicio efectivo de la justicia, tanto en lo que concierne a la reparación de los daños sufridos por las víctimas cuanto en lo relativo al justo castigo a los perpetradores y el consiguiente fin de la impunidad.